Derechos de los migrantes, los derechos de todos

Roma, 17 de setiembre de 2009- Diputados PD Exterior

Declaración de los Diputados del PD electos en el exterior en relación a las tomas de posición ONU sobre migrantes y derechos humanos

“Abandonados y rechazados en violación al derecho internacional, sin verificar en modo adecuado si están huyendo de persecuciones. En muchos casos las autoridades rechazan estos migrantes y los dejan afrontar riesgos y peligros, si no la muerte, como si estuviesen rechazando barcos cargados de residuos peligrosos”
Estas palabras pronunciadas días pasados por el Alto Comisario de los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, se entrecruzan con las repetidas expresiones de alarma de la Unión Europea contra las lesiones de los derechos de los migrantes y esparcen sal fresca sobre las heridas siempre abiertas por el llamado Decreto de Seguridad. El surco que este procedimiento ha trazado sobre la sociedad italiana es aquél de la tendenciosa criminalización de las franjas débiles y en particular, de los inmigrados. Los problemas de orden social de la llegada y de la integración, en Italia se declinan finalmente en términos penales y de orden público. Aún antes de la lucha contra los ingresos clandestinos, saltó la lógica diferencial, que sobrevivió a la misma ley Bossi-Fini que hablaba de tratar en modo diverso los inmigrados regulares de los irregulares. No es polémica, son hechos.
Para los residentes, por ejemplo, se han introducido tests, un impuesto de 200 euro para el pedido de ciudadanía que golpea también a las personas de origen italiano, y numerosas certificaciones obligatorias, además de una nueva tasa para renovar el permiso de residencia, prescindiendo del sacrosanto principio de evaluar las situaciones una a una. Otro caso, que explotó en ocasión del cierre del año escolar, es aquél de los menores extranjeros no acompañados (sin padres presentes), que a los 18 años arriesgan el ser expulsados y por lo tanto interrumpir el curso de estudios, reconocido como derecho inviolable de la normativa internacional.
La introducción del delito de inmigración clandestina abre una fase de criminalización de la simple presencia irregular del extranjero, disuadido a servirse de prestaciones sociales que no se deberían negar a ningún ser humano por el hecho que el Decreto pone a cargo de los “oficiales públicos” y de los “encargados del servicio público” (son millones) la obligación de denunciar a los irregulares: una tendenciosa caza del hombre.
Además de los derechos humanos, en Italia las políticas antagónicas hacia los inmigrantes han puesto en discusión algunos fundamentales derechos constitucionales.
En base a ellos las sanciones penales deberían golpear concretas acciones materiales, no una categoría de personas, como al contrario está previsto en el Decreto. La obligación de interrumpir el procedimiento penal en caso de expulsión adoptada por la vía administrativa, contrasta con el derecho del imputado de obtener siempre y de cualquier manera, una decisión de merito. La no retroactividad de la ley penal es puesta en discusión por la posibilidad de perseguir permanentemente también los ingresos irregulares antecedentes a la nueva normativa. Sin contar la enorme prolongación del período de reclusión.
Se podría continuar con muchas ejemplificaciones. El punto es que, también sin que nos lo diga ONU o UE, no podemos resignarnos a una derivación civil en la cual son puestos en discusión derechos humanos y derechos constitucionales. Somos el pueblo que ha conocido el hundimiento de las naves de los emigrantes y cientos de miles de incidentes sobre el trabajo en países extranjeros; millones de italianos han sido clandestinos y ha sufrido xenofobia y racismo; en el parlamento estadounidense, en los primeros decenios del novecientos fueron presentadas decenas de propuestas de ley destinadas a impedir la inmigración de los italianos ; casi todos nuestros emigrados pasaron por la puerta estrecha del abuso en el trabajo y muchos han vivido discriminaciones en el transcurso escolar, en las carreras, en los puestos públicos. Sin embargo esto non nos impidió convertirnos en leales ciudadanos de otros países y dar una fundamental contribución a su desarrollo y a su modernización.
Los derechos han sido la estrella polar que ha guiado nuestro camino, del cual un largo trecho aún se debe hacer. La segunda Conferencia Nacional de la Emigración, ya en 1988, ponía como primer punto el alcance de los derechos civiles y políticos, comprendido el voto en “loco” en los países europeos y en aquéllos extraeuropeos. Un pueblo como el nuestro puede aceptar un régimen de doble verdad? Y sobretodo, después de la ardiente vacunación que hemos tenido como emigrantes, podemos aceptar
Esta rastrera regresión democrática y civil, que pone en discusión derechos humanos y derechos constitucionales, sometida a la normativa y a las políticas sobre los migrantes?
En muchos lugares de la política, de la cultura y de la sociedad civil, se están levantando voces de alarma y disenso. Los parlamentarios electos en el Exterior, por su proveniencia y por las experiencias que objetivamente encarnan, pueden ser uno de los
Puntos de apoyo de la reacción democrática a la presente derivación. Es justo superarse para evitar este antagonismo prejuicioso y de banal competencia. Este es el momento de buscar ocasiones y lugares de trabajo común, a partir de la defensa y del desarrollo de los derechos de los migrantes.

Los diputados del PD de la Circunscripción Exterior: Gino Bucchino, Gianni Farina, Marco Fedi, Laura Garavini, Franco Narducci, Fabio Porta

Enviado por Antonina Cascio